La resolución abre la puerta a una posible responsabilidad penal de los que eran representantes del Departament de Salud
La Generalitat discriminó a agentes de la Policía Nacional y Guardias Civil respecto a Mossos d’Esquadra y policías locales en la administración de la vacuna frente al covid. Así lo concluye el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya(TSJC) que ha dado la razón al sindicado Jupol y a la organización Jucil en el recurso contencioso administrativo contra el Departament de Salut de la Generalitat por su estrategia de vacunación, ya que consideraban que se anteponía a los agentes de los cuerpos autonómico y municipales antes que al resto de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado destinadas en Cataluña.
Pese a que se trata de una resolución de la Sala Contencioso Administrativo del TSJC, la sentencia puede tener una deriva en la jurisdicción penal del mismo tribunal que examina varias denuncias y querellas interpuestas por asociaciones y sindicatos policiales contra la entonces consellera Alba Vergés, actual diputada en el Parlament y por tanto aforada, y otros miembros de la cúpula de Salut, la encargada de esta vacunación a funcionarios. Hace uno meses, la misma Sala contenciosa instó a la Generalitat a “acelerar” la vacunación de los agentes de Policía y Guardia Civil tras las primeras demandas.
La sentencia del TSJC, a la que ha tenido acceso este medio, señala que “las vacunas a los cuerpos no nacionales comenzaron a administrarse el 10 de febrero de 2021” mientras que a los policías de los “cuerpos nacionales” empezaron a vacunarlos el 12 de marzo, exceptuando cuatro vacunas aisladas unos días antes. “Es decir, con un mes de diferencia, y a un ritmo, además, extremadamente lento. Sobra decir el carácter fundamental, de supervivencia realmente, de la celeridad de vacunación para un personal expuesto de manera constante al contacto cercano con el ciudadano”, señala el tribunal.